Cuando vi aquel mensaje amenazante en mi correo electrónico, pensé que el remitente sería de esas personas que emplean su tiempo en enviar mensajes-basura, un cracker o depredador, de los que se enorgullecen de sus acciones vandálicas en la red. Esta conjetura se vio fortalecida por el hecho de que el IP de donde provenía el mensaje está señalado en Wikipedia como origen de actos de vandalismo en la red: http://es.wikipedia.org/ wiki/ Usuario_ discusi%C3% B3n: 213.192.254.2.
En el mensaje se me advertía, en nombre del Grupo Planeta y de la Real Academia Española, que debería retirar los avances de la vigésima tercera edición del diccionario académico, pues estaría violando, aquí en Montevideo, no sé qué leyes civiles y penales del Reino de España. No podía concebir (ahora puedo) que la Real Academia y un grupo empresarial de la envergadura de Planeta pudieran zanjar sus conflictos sobre uso de contenidos mediante mensajes anónimos en la internet. Ni que creyeran que yo podría «competir» con ellos.
Después de intercambiar varios mensajes y llamar por teléfono a la sede del Grupo Planeta en Barcelona, pude comprobar que mi conjetura era errónea: mi interlocutor acabó identificándose como Álex Calvo, del Departamento Jurídico de dicho grupo, quien dijo actuar en «en nombre de la Real Academia Española, en adelante RAE», todo ello con «un profundo respeto hacia nuestros usuarios» y con el objeto de «procurar la continuidad de su buen nombre en el sector», según reza el mensaje inicial sin firma enviado desde la dirección electrónica acalvog@planeta.es.
La docta casa me advirtió asimismo a través de este insólito apoderado, que «queda prohibida la introducción de enlaces que faciliten el acceso directo a cualquiera de los contenidos de los sitios web de la RAE, salvo en el caso de que se utilicen los procedimientos que la entidad implemente para ello, bien sea por medio de botones integrables en el navegador o de otro tipo de recursos de software».
Según Planeta/RAE, este nuestro modesto portal estaría practicando «competencia desleal» y cometiendo «un ilícito penal de acuerdo con» leyes que rigen en el reino peninsular.
Sintiéndome intimidado por entidades tan poderosas, he retirado del portal los contenidos cuestionados, pero no puedo dejar de señalar que hace nueve años empecé a distribuir nuestro boletín La palabra del día,que hoy llega a un universo de 212.000 suscriptores gratuitos. Pues bien, hace tres años, la Real Academia decidió apropiarse del nombre del boletín y tiene su propia «palabra del día». Nunca cuestioné este procedimiento, característico de la política de ninguneo de RAE, pero es sintomático que, a partir del momento en que nuestra buena amiga Silvia Senz se lo hizo notar a la Academia Española mediante un mensaje dirigido a la cuenta en Twitter @RAEinforma, le fue bloqueada su suscripción a este servicio de la RAE en esa red social.
El papel de las instituciones académicas, sobre todo de aquellas que son financiadas en todo o en parte por el dinero de los contribuyentes, es generar y transmitir conocimientos, devolviendo a la sociedad el fruto de sus investigaciones con la máxima divulgación posible. Que las empresas privadas comercialicen material cultural para obtener ganancias no está mal, forma parte de su papel en nuestra organización social, pero las instituciones académicas no deberían involucrarse en la busca de lucro.
Habíamos pensado hasta ahora que este sería el caso de la Real Academia Española, que desde Madrid pretende dictar las normas del castellano a un universo de 450 millones de hablantes diseminados en veintidós países de cuatro continentes, trabajando en colaboración con un conjunto con otras tantas academias nacionales . Pero la RAE retacea el fruto de su trabajo por razones comerciales: su diccionario no ofrece en la web todos los servicios de su versión comercial en disco, el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española no ofrece en la red los mismos servicios que su versión de pago en DVD, y no permite la divulgación de sus trabajos fuera de su página web por razones comerciales.
En el siglo XXI, la Academia ha delegado en empresas privadas del Reino de España una parte de la autoridad que hace 298 años le confirió Fernando V para unificar la lengua del imperio. En efecto, es sorprendente que una compañía poderosa como el Grupo Planeta pueda presentarse en nombre de la Real Academia, presionando para impedir la divulgación en la internet de obras en cuya elaboración han participado las veintidós academias, como es el caso del Diccionario de la lengua española y pretende imponer las leyes del reino a los países hispanohablantes.
Para oír la conversación telefónica con este empleado de la editorial española, pulse aquí.
Para ver la intimación enviada por Planeta/RAE a elcastellano.org, pulse aquí.
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